Servicios y programas destinados a aplicar la autoridad del estado según se define en la ley, tales como juzgados, tribunales y otros organismos implicados en los litigios civiles y juicios penales, ser representado por un abogado, servicios notariales, de mediación y arbitraje, instituciones correccionales o penitenciarias, incluyendo a aquellos que proporcionan estos servicios.
